Ya la espera terminó. España rediseña su rumbo energético con una nueva estrategia.
Después de tres años de la última actualización, el Gobierno ha dado un salto en el documento marco que dispone las metas de expansión para el año 2030 de la energía solar, eólica y otras fuentes limpias.
En este punto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tomó la batuta y presentó una codiciosa revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Para sorpresa de muchos, la acción contempla un notable incremento en los objetivos establecidos hasta ahora.
De acuerdo con las nuevas cifras, se espera que para finales de la presente década, las energías renovables representen el 81 % del consumo eléctrico, superando por 7 puntos el 74 % reflejado en el anterior PNIEC.
Es decir, la brújula indica que hay que acelerar la adopción de energías renovables para llevar la dependencia energética del país a la ambiciosa cifra de 51 %. El resultado esperado será un ahorro en importaciones de 90.700 millones de euros en los próximos 10 años.
Según fuentes del MITECO el enfoque está alineado con los desafíos que surgieron en la Unión Europea por el contexto geopolítico que nació de la guerra en Ucrania.
La aplicación de la fórmula busca evitar situaciones similares que florecieron tras el corte de suministro de gas por parte de Rusia.
En otras palabras, de los 213 gigavatios de potencia instalada contemplados en el plan, se espera que 166,2 provengan de fuentes renovables.
Y no solo eso, el borrador fija otros propósitos de transición energética.
Por ejemplo, lo referente al compromiso de España con la descarbonización y la meta de disminución de gases de efecto invernadero al nivel de 32 % para 2030.
El impacto económico es otra arista que brilla en el renovado Plan Nacional de Energía y Clima.
Se ha mencionado en el ámbito gubernamental que el PIB aumentaría en 34.700 millones de euros en 2030, lo que a su vez se traduce en un incremento de más de 522.000 empleos para ese mismo año.
Adicionalmente, a las ventajas económicas, también la proyección revela el registro de mejoras significativas en la calidad del aire y en consecuencia de la salud pública.
Los números aseguran que se logrará bajar el escalón de 11.952 muertes prematuras registradas en 2019 (según datos de la Organización Mundial de la Salud) a 6.067 en 2030.
Más inversión y menos burocracia
Pero todo no es color de rosa. Para lograr los objetivos, es necesario la inversión total de 294.000 millones de euros, con un 85 % proveniente del sector privado y 15 % del público, incluyendo un 11 % de los fondos europeos.
No es un secreto que, en los últimos años, se ha registrado a nivel mundial un sólido crecimiento en el sector de las energías renovables.
Sin embargo, el panorama ha servido para tocar la puerta a una realidad silente.
Se trata de la importancia de agilizar y simplificar los procesos administrativos asociados con la concesión de autorizaciones para la instalación y operación de proyectos renovables, ya que históricamente son conocidos por su complejidad.
Incluso, los promotores en reiteradas ocasiones se enfrentan a barreras administrativas desalentadoras.
La presentación de solicitudes, la recopilación de documentación, la evaluación de impacto ambiental y la obtención de permisos pueden extenderse por meses e incluso años. ¿El resultado? Mayor incertidumbre y aumento de los costes para los inversores.
En este sentido, tanto el sector renovable como las diferentes administraciones públicas han reconocido la necesidad de modernizar y digitalizar estos procesos.
La implementación de tecnologías es hasta ahora la primera opción para ofrecer soluciones eficientes que sirvan para agilizar la entrega de autorizaciones, al mismo tiempo que avalen el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales solicitados.
Esto no solo agiliza el trámite, sino que también minimiza los errores que se presentan en las solicitudes en papel, reduce la tasa de revisiones extras y aumenta la transparencia o acceso a la información.
Con la nueva apuesta, España quiere liderar la transición ecológica en Europa y contribuir a la lucha contra el cambio climático. ¿Lo logrará?
