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4 Ene 2024

Tipos de garantías exigibles en contratación pública

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En este post hablamos de...

Las garantías exigibles en contratación pública son instrumentos que buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los adjudicatarios, según los parámetros acordados en el contrato.

Estas garantías son comúnmente utilizadas para proyectos de construcción, suministro de bienes o servicios, entre otros, en los que el contratista asume compromisos específicos.

Se imponen a los adjudicatarios  y dependiendo del concurso también a los licitadores  con el propósito de mitigar riesgos y asegurar el adecuado desarrollo de los procesos contractuales.

En este artículo vamos a ver en detalle qué son y todos los tipos de garantías técnicas, haciendo énfasis en los contratos con el sector público.

Las garantías exigibles en la contratación pública son elementos esenciales que cumplen un papel integral en la gestión de proyectos y contratos gubernamentales. Su importancia radica en su capacidad para ofrecer múltiples capas de protección y responsabilidad a lo largo de todo el ciclo contractual, desde la fase de licitación hasta la ejecución del contrato. 

Actúan como un mecanismo de gestión de riesgos al proporcionar a las entidades contratantes un respaldo financiero en caso de que el contratista no cumpla con sus obligaciones. Esto reduce la exposición a riesgos financieros y protege los intereses públicos.

La exigencia de garantías en la fase de licitación contribuye a fomentar la competencia y asegurar la seriedad de los oferentes. Los licitadores deben demostrar su compromiso financiero al presentar garantías, filtrando así ofertas que no sean genuinas o que carezcan de la solidez necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Además, las garantías exigibles son sinónimo de transparencia en el proceso de contratación pública al proporcionar a todas las partes involucradas, incluidos los licitadores, la certeza de que se están tomando medidas para garantizar la ejecución adecuada del contrato. Esto contribuye a construir la confianza en la integridad del proceso y en la asignación justa de contratos.

Para el caso de la Administración, las garantías técnicas pueden ser 4: efectivo, aval, seguro de caución o deuda pública. Cada una diseñada para cumplir con diferentes necesidades y contextos.

La elección dependerá de la naturaleza de la transacción, la relación entre las partes y las leyes y regulaciones. Además, es importante destacar que estas garantías pueden combinarse o personalizarse según las necesidades específicas de las partes involucradas.

En el ámbito de la contratación pública, las garantías pueden clasificarse en dos categorías principales: provisionales y definitivas.

Las garantías provisionales son requeridas a los licitadores para salvaguardar la integridad de las ofertas presentadas hasta el momento de la adjudicación o formalización del contrato. Su imposición es excepcional y se justifica por razones de interés público o según lo determine el expediente de contratación. 

Una vez perfeccionado el contrato, la garantía provisional se extingue automáticamente, y en el caso de un licitador adjudicatario que ha constituido una garantía definitiva, la provisional le será devuelta. Este adjudicatario tiene la opción de aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o de constituir una nueva garantía definitiva.

La garantía definitiva, por otro lado, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones finales del contratista en virtud del contrato principal.

La constitución de la garantía definitiva debe realizarse en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción del requerimiento por parte del órgano de contratación. La acreditación de esta garantía puede llevarse a cabo mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de aplicar penalizaciones o indemnizaciones al contratista, estas se deben reponer o ampliar en la garantía definitiva en un plazo de quince días desde la ejecución. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en la resolución del contrato. Estas disposiciones proporcionan un marco claro para garantizar la integridad y el cumplimiento de los contratos en el contexto de la contratación pública.

Esta clasificación se destina a contratos suscritos por entidades dentro del ámbito del sector público que no ostentan la condición de Administración pública. En términos fundamentales, se aplican las normativas generales relacionadas con las garantías provisional y definitiva, incluyendo sus límites cuantitativos. 

El propósito fundamental de estas garantías es garantizar la integridad y el cumplimiento de las ofertas presentadas hasta la adjudicación por parte de los licitadores, así como asegurar la correcta ejecución de la prestación contractual.

Las reglas establecidas para estas garantías, tanto provisional como definitiva, siguen los lineamientos generales aplicables a los contratos celebrados por entidades del sector público. Esto implica que, a pesar de no tener la condición de Administración pública, estas entidades deben cumplir con las disposiciones normativas destinadas a preservar la transparencia, equidad y eficiencia en los procesos de contratación pública.

Las garantías y depósitos son elementos fundamentales en el ámbito económico que brindan seguridad y respaldo en diversas transacciones. Entre los tipos de garantía más destacados se encuentran:

Es la forma más directa y líquida de garantía. Consiste en disponer de fondos en efectivo que respalden una operación o acuerdo. Este tipo de garantía es apreciado por su inmediatez y simplicidad, ya que el valor está disponible de inmediato.

Son garantías emitidas por una entidad financiera en favor de un tercero, comprometiéndose a cumplir con ciertas obligaciones en caso de incumplimiento. Estos actúan como respaldo, brindando confianza a las partes involucradas en la transacción.

Se refieren a bonos y letras del tesoro que representan una forma segura de inversión y, al mismo tiempo, pueden utilizarse como garantía. Su respaldo gubernamental ofrece estabilidad y confianza en los mercados financieros.

Son contratos que garantizan el cumplimiento de una obligación, reembolsando al beneficiario en caso de incumplimiento por parte del tomador. Estos seguros ofrecen una capa adicional de protección en transacciones donde se requiere seguridad financiera.

Siga leyendo: Usos y aplicaciones del seguro de caución: una garantía multisectorial 

Este tipo de seguro respalda obligaciones contractuales específicas. Por ejemplo, puede ser requerido en licitaciones públicas para garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones, como el suministro de bienes o la ejecución de servicios.

En contraste con el aval bancario, el seguro de caución se posiciona como una garantía única ya que no inmoviliza recursos financieros y no figura en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), lo que significa que no contribuye al aumento del riesgo bancario. 

Esta característica se traduce en una mayor flexibilidad y abre la puerta a la posibilidad de acceder a otros productos financieros como préstamos, cuentas de crédito, descuento de pagarés, entre otros.

El asesoramiento de Sammy Free no se limita sólo a la elección del seguro de caución más adecuado, sino que abarca toda la gestión del proceso. Desde la evaluación de riesgos hasta la implementación y el monitoreo continuo, nos aseguramos de que los clientes estén respaldados en todas las etapas.

En última instancia, bajo la guía de Sammy Free, el seguro de caución se convierte en una herramienta estratégica que no solo protege a las partes involucradas, sino que también impulsa la confianza y la eficiencia en el complejo entramado de transacciones financieras y comerciales.

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